A lo largo del siglo pasado, México experimentó, como muchos otros países, un crecimiento impresionante en cuanto a su población urbana. Una de las causas más grandes de este fenómeno, es el de la migración masiva de las zonas rurales a las ciudades.
Consecuencia de este movimiento migratorio ha sido el incremento masivo de slums y asentamientos irregulares a lo largo de las áreas urbanas.
Las actividades económicas que atañen a la informalidad, por lo tanto, se vieron también incrementadas, pues gran parte de los migrantes rurales no encontraron otra forma de vida.
Para el periodo de 1993-2002, aproximadamente el 12.4% de la producción doméstica en promedio en el país estuvo destinada a la economía informal.
Como consecuencia de esto, la población que contaba con seguridad social y distintas prestaciones necesarias para la vivienda y la buena vida en México se vio ampliamente disminuída.
El problema radica en que esta informalidad que plaga el sistema mexicano puede llenar al gobierno de lentos y engorrosos trámites, así como de corrupción y demás acciones ilegales que pretenden lucrar con la necesidad.
¿Qué se puede hacer?
Quizás una de las respuestas podría ser, por ejemplo, simplificar las regulaciones tan excesivas que el trabajo formal en México presenta. Una reforma integral a la Ley de Trabajo es también necesaria, pues por experiencias de Chile y España, por ejemplo, se sabe que la legislación bien trabajada en materia laboral puede encontrar la forma adecuada para propagar la formalización de la economía.
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